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lunes, 2 de noviembre de 2009

Esto va a traer cola, ya lo vereis...






Un total de 115 municipios catalanes celebrarán una consulta popular sobre la independencia el próximo 13 de diciembre, según anunció ayer la coordinadora que impulsa la iniciativa. Ese día se producirá la primera oleada de consultas y la segunda se prevé para primavera, alrededor de la festividad de Sant Jordi. La población que podrá votar en esta primera ocasión supera las 620.000 personas.

La convocatoria incluye importantes capitales de comarca aunque la ciudad con más población es Sant Cugat del Vallès, situada en el entorno metropolitano y gobernada por CiU, donde 60.000 personas tendrán derecho a votar al tener más de 16 años. Le siguen Vilanova i la Geltrú, con 55.000 posibles votantes y alcalde del PSC; Vic, con 32.000 y gobierno de CiU, y Vilafranca del Penedès, con 31.000 y alcalde socialista.

Aún así, donde se prevé una participación más elevada es en la comarca de Osona con su capital, Vic, a la cabeza. Un total de 32 municipios se han sumado a la iniciativa de la entidad Osona decideix, una cifra que podría aumentar hasta llegar a los 100.000 habitantes de la comarca. En Vic se ha instalado el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU, Alfons López Tena, para velar por los aspectos legales de la iniciativa.

El líder del sector crítico de Esquerra, Uriel Bertran, que ejerce de responsable de la campaña, explicó que la cifra de municipios participantes se podría ampliar, ya que no se cerrará la lista hasta dentro de 15 días.

El Estado español, como ya pasó con la consulta de Arenys de Munt, no puede impedir la celebración pero sí vigilar que no haya ningún tipo de apoyo institucional. El delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, ha requerido a todos los ayuntamientos que han aprobado mociones de apoyo a las consultas que le remitan el acuerdo municipal para que los abogados del Estado analicen si se está violando la ley.

De momento no se ha presentado ningún recurso en los juzgados. Los organizadores confían en que esta vez no haya ningún intento de impedir que se puedan celebrar las consultas.

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