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lunes, 12 de diciembre de 2011

Lo que Urdangarin no explica en su comunicado El yerno del rey ha optado por culpar de su situación judicial a los medios sin ver la necesidad de aclarar por qué se lucró gracias a una ONG.

   La declaración dictada el sábado por Iñaki Urdangarin a la agencia Efe donde señala a "las informaciones y comentarios" sobre sus negocios como origen del "grave perjuicio" causado a la Corona indica dos cosas: que el yerno del rey ha optado, de momento, por culpar de sus tribulaciones a la prensa; y, sobre todo, que no alberga intención, también al menos por el momento, de explicar un hecho independiente de la deriva judicial que tome el caso instruido por el juez José Castro.
Ese hecho no es baladí y puede resumirse de la siguiente forma: su presencia al frente del Instituto Nóos, una asociación sin ánimo de lucro, se tradujo en un más que notable enriquecimiento privado para sí mismo y su socio Diego Torres a través de cinco empresas en las que alguno de los dos participaba. En nueve años, la asociación y esas firmas facturaron 16 millones, de los que casi el 40% procedía de administraciones públicas. Torres permanece imputado desde julio. Y la imputación de Urdangarin, que ya ha designado abogado, se da por segura para comienzos de año.
La trama facturó 16 millones, de los que un 40% provenían de fondos públicos
Es ese enriquecimiento y sus circunstancias, difundidas en efecto por la prensa, lo que retrata el perfil menos fotogénico del yerno del rey. Y su veracidad parece ya irrefutable: el informe de Hacienda remitido al juez, cuya confección toma como base los datos suministrados año a año por los propios involucrados antes de que sus manejos trascendieran, ratifica que las cinco empresas captaron del Instituto Nóos 5,8 millones entre 2004 y 2007. El informe, de cuyo contenido viene informando Público, no tiene en cuenta otras empresas ligadas igualmente a la trama y sujetas, como las anteriores, a investigación judicial. Pero su contenido afianza el aserto del juez sobre cómo Urdangarin y Torres urdieron una trama para "apoderarse" de fondos públicos.
Porque exactamente 5,8 millones es la cantidad que la asociación Instituto Nóos había recibido durante el cuatrienio 2004-2007 de las administraciones valenciana y balear, capitaneadas entonces por dos dirigentes del PP ahora acorralados por la Justicia: Francisco Camps y Jaume Matas. Las declaraciones prestadas en 2010 por ex altos cargos de Matas, quienes confesaron al juez el falseamiento de actas en beneficio de Nóos, se sitúan en el origen de esta investigación.
Fue Matas quien en una reciente entrevista argumentó que su Govern no podía pedir al yerno del rey que se presentase a un concurso y lo ganara. En la práctica, eso significa el reconocimiento de que Nóos obtuvo en el archipiélago un trato de favor cifrado en 2,3 millones. Y que no lo obtuvo por la habilidad o experiencia emprendedora de sus integrantes sino porque era el yerno del rey quien lo comandaba. El juez sostiene además que Nóos emitió facturas infladas y otras falsas.
Sus negocios no se explican sin su condición de yerno del rey
El principio de igualdad y transparencia en la adjudicación de fondos públicos quedó fulminado en Balears y País Valencià. La Sindicatura de Cuentas valenciana censuró en dos años consecutivos a la Generalitat que hubiera otorgado a dedo a Nóos contratos camuflados como convenios, por valor de 3,5 millones. Sea o no delito, está así fuera de duda que el dinero fluyó desde la entidad altruista hacia mercantiles cuya meta principal era ganar dinero. Y que esas mercantiles estaban en manos de los mismos directivos que gobernaban la asociación.
Cambio de nombre
En la historia de los negocios del duque hay un dato secundario pero revelador: la ONG que le tuvo por presidente entre septiembre de 2003 y junio de 2006 no se llamaba originalmente Instituto Nóos. Pasó a llamarse así en 2003, sólo después de que Urdangarin y Torres hubieran creado una empresa inscrita en el Registro bajo una denominación que ya incluía esa palabra: Nóos Consultoría Estratégica SL. La confusión estaba servida. El negocio, también: de las cinco sociedades limitadas que engordaron su cuenta de resultados gracias a la asociación altruista, Nóos Consultoría Estratégica SL fue la más beneficiada. Entre 2004 y 2007, la empresa cobró del Instituto Nóos 2.794.440 euros. Oficialmente, Urdangarin fue propietario del 50% de Nóos Consultoría hasta mediados de 2006. Y eso significa que, como mínimo, era corresponsable de la compañía junto con Diego Torres cuando esta facturó 828.000 euros a la ONG Instituto Nóos en 2004 y 1.218.000 en 2005.
El duque sigue figurando como copropietario, junto con su esposa, de otra de las empresas investigadas: Aizoon SL. También esta vio crecer sus cuentas gracias a Nóos. Entre 2004 y 2005, endosó a la asociación filantrópica que presidía el aristócrata cargos por 747.889 euros.
Si mañana trascendiera que el presidente de alguna célebre ONG de asistencia sanitaria posee una empresa de fármacos que hace negocios millonarios con esa misma ONG, el escándalo sería inmediato, al margen de que algún juez hallase o no delictivo su comportamiento. Pero aquí hay además otros elementos en liza cuya ilegalidad, de confirmarse los indicios, se perfila segura: quienes investigan el caso creen, basándose en los movimientos contables del Instituto Nóos y sus empresas satélite, que estas cruzaron facturas para aumentar gastos de manera artificial y anotar, en consecuencia, menos beneficios. O sea, para pagar menos impuestos.
La piqueta judicial ha abierto igualmente otra vía de agua aún más peligrosa para el duque, aunque las indagaciones se encuentran todavía en fase inicial: en 2007, el Instituto Nóos envió a Reino Unido 420.000 euros mediante 11 transferencias bancarias cuyo objetivo formal constituye un misterio. Esa cifra se sumó a la que por esas fechas transfirió al mismo destino De Goes Center Stakeholder Management SL, una sociedad controlada en apariencia por Diego Torres.
Los investigadores del caso sospechan que el casi medio millón que sumaban sendos envíos acabó en una cuenta opaca ligada a una sociedad con domicilio en el paraíso fiscal de Belice. El duque, de momento, no se considera obligado a dar explicaciones a la ciudadanía. La Casa Real, tampoco.

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