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viernes, 13 de enero de 2012

La agenda oculta del PP madrileño en Sanidad




La Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid, ante el documento “Limites a la cobertura de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud” elaborado por la Dirección General de la Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2010, tiene que señalar:

1) El conjunto de prestaciones que se quieren reducir de la cartera de servicios de la Sanidad Pública madrileña son servicios básicos que están introducidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de salud y que supondrían una grave discriminación y perjuicio para la ciudadanía madrileña.

2) La Comunidad de Madrid carece de competencias para realizar una reducción de los servicios generales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y para imponer sistemas de copagos de una prestación que esta definida en el catalogo de prestaciones del SNS.

3) La Consejería de Sanidad, mientras estudia imponer copagos y reducción de las prestaciones sanitarias, está despilfarrando fondos de los presupuestos sanitarios en la privatización de los nuevos hospitales (con un sobrecoste de miles de millones de euros), y en la implantación de sistemas informáticos y de citaciones tras la desastrosa implantación de área única.

Es evidente que el documento desvela la verdadera agenda oculta de la Comunidad de Madrid, que, obviamente, no se llevará a cabo hasta que pasen las elecciones autonómicas de mayo. Desde la FADSPM rechazamos estas medidas y exigimos el compromiso del gobierno de la Comunidad de Madrid de respetar las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

La Comunidad de Madrid pretende recortar prestaciones sanitarias o que se pague por recibirlas

La “sanidad del futuro” que nos prometió Esperanza Aguirre en 2005 ya la conocemos: suculentas plusvalías aseguradas por 30 años a las empresas propietarias de los nuevos hospitales; la atención primaria desestructurada con la implantación del “área única”; la gestión de citas privatizada a través del “call center”; laboratorios públicos cerrados para pasar parte del negocio a Ribera Salud, etc. Ahora Esperanza Aguirre pretende dar un paso más en el proceso de deterioro sanitario: recortar prestaciones sanitarias a los pacientes, como se deduce del informe elaborado en la Dirección General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.
“La exclusión” de las prestaciones relacionadas en el informe, según los redactores, plantea problemas –más correcto sería informar de que es ilegal-, dado que están incluidas en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por ello proponen como alternativa “el establecimiento de criterios más rigurosos para el acceso” y/o la participación del paciente en el pago del tratamiento”; es decir, reducir el acceso a la asistencia, vulnerar el derecho constitucional a la protección de la salud.
La relación de “prestaciones potencialmente prescindibles o de acceso restringido” y los argumentos empleados para justificar la exclusión/copago, muestra con claridad el limitado y pobre concepto de salud que tienen los redactores del documento, y la superficialidad y gratuidad de las afirmaciones acerca del esperado impacto sobre grupos vulnerables de ciudadanos, ancianos y enfermos crónicos como ejemplo, y sobre la calidad asistencial.
Algunas de las propuestas:  
· Revisión “exhaustiva del calendario vacunal” recomendado a nivel nacional. Llama la atención el cuestionamiento de la vacuna contra el virus del Papiloma Humano, vacuna que generó en su día gran controversia entre los profesionales, y cuya inclusión por parte del Ministerio de Sanidad pareció responder más que nada a los intereses económicos de las farmacéuticas.
· Exclusión o copago por parte del paciente de las tiras y medidor de glucosa. 
· Excluir prestaciones nuevas incorporadas en el Plan Nacional de Salud Bucodental y subvencionadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Como argumento, “su impacto no sería muy negativo ya que su cobertura es muy limitada”.
· Introducir el copago por las comidas de pacientes ingresados y los productos de aseo y lencería.
· Introducir el copago en el tratamiento de la apnea del sueño y de la oxigenoterapia.
· Exclusión o copago de “ligaduras de trompas” y “vasectomías”, ya que “no responden a necesidades de salud, sino de control de la natalidad”, así como de la inseminación artificial, de la que llega a cuestionar “que sea una prestación sanitaria”, además de que “en la práctica el acceso es muy limitado por las largas listas de espera”. 
· Revisión del catálogo de enfermedades para las que el Consejo genético estaría incluido.
· Excluir las muletas y bastones, así como las sillas de ruedas manuales, ya que “su número aumenta de año en año sin que exista justificación para ello” (quizás el envejecimiento poblacional pudiera explicar el citado incremento). 
· Exclusión o copago de las intervenciones de cambio de sexo.
· Limitar el diagnostico por PET (utilizado para el diagnóstico oncológico) “ya que la actividad se duplicó en el ultimo año”. 
· Establecer criterios para limitar el uso del transporte sanitario. 
Mas le valdría a la Comunidad de Madrid que antes de plantear recortes en las prestaciones de los pacientes recorte todos aquellos gastos innecesarios como los de campañas publicitarias de autobombo a las que nos tiene acostumbrados Esperanza Aguirre.

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