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sábado, 29 de septiembre de 2012

El juez decreta libertad con cargos a 34 de los 35 detenidos el 25S. Los abogados denuncian injerencias políticas y maltratos


El juez decreta libertad con cargos a 34 de los 35 detenidos el 25S. Los abogados denuncian injerencias políticas y maltratos 

Cada uno de ellos se enfrenta a la imputación de la supuesta comisión de los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso. El otro compañero queda en situación de prisión provisional, eludible bajo fianza de 1000 euros.
Agencias
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, en funciones de Guardia de Detenidos, ha acordado la libertad de 34 de los 35 detenidos por los sucesos de la tarde-noche del pasado 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, en funciones de Guardia de Detenidos, ha acordado la libertad de 34 de los 35 detenidos por los sucesos de la tarde-noche del pasado 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.
Cada uno de ellos se enfrenta a la imputación de la supuesta comisión de los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un comunicado.
La magistrada ha acordado la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, de un detenido más en relación con estos hechos y sobre el cual recae una imputación de la supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos.
El imputado menor de edad está a cargo de la Fiscalía de Menores, según está regulado en la Ley de Responsabilidad Penal de Menor.
Los abogados de cuatro de los detenidos han mostrado este jueves su "mayor repulsa" por la "injerencia" que, a su parecer, se ha producido por parte del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en el proceso que afecta a las 35 personas detenidas durante los incidentes que tuvieron lugar en las concentraciones y que este jueves han sido trasladados a los juzgados de Instrucción de Madrid en Plaza de Castilla.
Así lo ha manifestado Raúl Maíllo, miembro de la Comisión Legal del 15-M y abogado de dos de los detenidos, quien ha asegurado que el hecho de que no se les pusiera en libertad el miércoles por la tarde tras prestar declaración se debe a que "se ha forzado políticamente" a convertir los hechos de los que se les acusa -desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, principalmente- en otros más graves tales como delitos contra altas instituciones del Estado o sedición.
"Son manifestaciones imprudentes y ajenas a los cargos de los que se les acusa", ha denunciado, para añadir que "todo se ha movido a espaldas del procedimiento, de los detenidos y de los letrados". "Ayer cuando se tomaron las declaraciones eran hechos de los que no es competencia la Audiencia Nacional", ha asegurado.
Precisamente, los abogados representantes de veinte de las personas detenidas en la movilización ante el Congreso de los Diputados han interpuesto este jueves una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por dilación injustificada en la puesta a disposición de las personas privadas de libertad.
Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a la Policía una providencia en la que informaba de que los delitos que se imputan a los 35 detenidos en la protesta no eran competencia de la Audiencia Nacional e instaba a las Fuerzas de Seguridad del Estado a actuar "en consecuencia".
Por otra parte, la abogada de otros dos de los detenidos, Begoña Landana, ha aseverado también a las afueras de los Juzgados de Plaza de Castilla que la mayoría de los arrestados "han sido objeto de maltrato policial". "Además de la demora, tienen lesiones y han sido tratados con asistencia incluso hospitalaria", ha apuntado.
Preguntada sobre cuándo se habrían producido dichos malos tratos, ha asegurado que aunque "en general fue en el momento de la detención", durante su estancia en las dependencias policiales de Moratalaz habrían sido víctimas de prácticas tales como "permanecer de pie, no permitirles orinar ni mirar o mantenerles con la cabeza agachada". "Se está pensando en poner denuncia", ha anunciado.

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