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domingo, 2 de febrero de 2014

Alta médica, baja social



Con 56 años ya casi no puede moverse, apenas habla. Roberto tiene alzhéimer y acaba de ser trasladado temporalmente a un centro de larga estancia en Gran Canaria. Antes, había pasado siete meses en un hospital de agudos, a pesar de tener el alta médica. Su hija Carla, de 34 años, se negó a llevarlo a casa. Dado el avanzado estado de su enfermedad, no podía hacerse cargo de él, ni tampoco afrontar el coste de una residencia privada. Roberto y Carla son nombres ficticios; su caso, no. Como tampoco el de los 390 pacientes que, como señaló a principios de la semana pasada el presidente de esta comunidad autónoma, Paulino Rivero, permanecen en hospitales generales del archipiélago, a pesar de estar dados de alta. Una situación que no es exclusiva de las islas.
“En España no está bien resuelta la transición entre los sistemas sanitario y social”, comenta David Casado, del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, con 15 años de experiencia en el análisis de la asistencia sociosanitaria. “Este es el gran reto actual del sistema sanitario”, añade Laura Pellisé, directora del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra. “Un reto que consiste en la adaptación a la atención de la patología múltiple y a los pacientes crónicos; pasar del sistema actual a otro con continuidad entre lo sanitario y lo social. Es un proceso lento y un desafío de alcance mundial”, añade.
Los hospitales se están convirtiendo en espacios cada vez más tecnificados orientados hacia la rápida rotación de pacientes, y es aquí, en el aumento de la actividad, donde se centran los esfuerzos. Pero, en ocasiones, cuando llega el momento del alta, la continuidad de los cuidados no está garantizada: no hay camas de media estancia o residencias. Es entonces cuando los especialistas hablan de alta sanitaria y baja social, como apunta Eduardo Zafra, autor de distintos estudios sobre la materia: “Es gente cuyas condiciones sociales no hacen posible sacarlos del hospital”.
El paciente sigue en el hospital, rodeado de una tecnología que no necesita y sin recibir la atención sanitaria de baja o media intensidad o los cuidados sociales que requiere. Ante la falta de alternativas, la hospitalización se alarga innecesariamente, lo que repercute no solo en el paciente. Aumenta el gasto —una cama de cuidados intermedios cuesta hasta seis veces menos que de atención aguda— y se interfiere la actividad programada. A más camas bloqueadas, menor actividad y mayor lista de espera.
No es fácil determinar la magnitud del problema en España. Al margen de la información ofrecida por Rivero, no hay datos oficiales públicos, como admite el Ministerio de Sanidad. Algo muy distinto a lo que sucede en países con mayor tradición de transparencia como Inglaterra. La sanidad pública británica (National Health Service) ofrece datos sobre bed blocking —camas bloqueadas— en su página web. Los registros muestran que los datos actuales son los más altos de los últimos tres años. En noviembre, había 4.190 pacientes con el alta médica que seguían ingresados en Inglaterra (Gales y Escocia contabilizan los datos al margen) debido, fundamentalmente, a retrasos a la hora de evaluar a los pacientes y por falta de plazas en geriátricos.
En España, la Fundación Edad & Vida (integrada por aseguradoras sanitarias y empresas de residencias de mayores) eleva a 5.238 las camas de hospitales de agudos ocupadas por pacientes con perfil sociosanitario, “con un coste de 1.500 millones de euros al Sistema Nacional de Salud”.
Los especialistas consultados destacan dos factores clave en el bloqueo de camas en España. Por un lado, la falta de camas de cuidados intermedios (media y larga estancia). Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2011, por cada 10 camas públicas en hospitales de agudos hay una en centros de media y larga estancia, el recurso más indicado para pasar una larga convalecencia o un proceso de rehabilitación. “Hay pocas y al final el hospital de agudos hace esta función”, señala Agustina Hervás, jefa de la unidad de trabajo social del hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
El otro gran cuello de botella es el atasco que sufre el sistema de dependencia. La lista de espera para acceder a los servicios sociales que contempla la ley (residencias, centros de día, ayuda domiciliaria) alcanza a 190.000 beneficiarios que tienen derecho a las prestaciones, pero que aún no las reciben.
Las necesidades que plantean los pacientes crónicos y dependientes son consecuencia del éxito en el manejo de la enfermedad. Con el incremento de la expectativa de vida han aumentado las patologías crónicas (la prevalencia de la diabetes ha pasado en 10 años del 7% al 17% en mayores de 75 años), se solapan las enfermedades (más de un 25% de mayores de 45 años tienen más de una patología crónica), se incrementa el número de enfermos de edad avanzada y de dependientes. Y no hay que olvidar que con la enfermedad se agrava la dependencia y viceversa.
Ante este escenario, los hospitales están desarrollando estrategias para evitar el bloqueo de camas, como apunta Bernardo Valdivieso, responsable de planificación del hospital La Fe de Valencia. Por ejemplo, con el control de pacientes crónicos con riesgo de desestabilizarse, para reducir visitas a urgencias que acaben en ingresos. También se trabaja en la gestión de las salidas del hospital. En los grandes centros hay equipos que comienzan a planificar el alta en el mismo momento del ingreso, de forma que si se prevé que será necesaria algún tipo de asistencia social se trabaja desde el principio para tener un recurso listo. O, por ejemplo, potenciando la hospitalización a domicilio.
Pero la adaptación a las necesidades que plantea el (no tan) nuevo perfil de paciente cronificado y pluripatológico no se resuelven solo desde el ámbito hospitalario. Ni siquiera desde el estrictamente sanitario. “Debe haber una mayor continuidad de cuidados, y para ello se debe reorganizar las Administraciones tanto sanitaria como social, conseguir una reasignación de roles tanto en atención primaria, como en especializada y en los servicios sociales que desemboque en la integración de los espacios sanitario y social”, apunta Laura Pellisé.
Hasta el momento, los mayores esfuerzos en este sentido han tenido lugar “especialmente en Cataluña y País Vasco”, añade. Pero las experiencias realizadas han sido muy heterogéneas, no solo entre las autonomías, sino con servicios muy distintos entre áreas de salud, hospitales y municipios de una misma región.
A raíz de las declaraciones de Rivero, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales recordó que está trabajando en un plan de integración de la asistencia sociosanitaria “con el objetivo de atender de forma integral la salud de las personas”. Estos trabajos los sigue muy de cerca la patronal de residencias de mayores, con más de 50.000 plazas vacías, que ya ha ofrecido sus centros para liberar camas de agudos. “Entre el 50% y el 60% de nuestras instalaciones son adaptables para atender a estos pacientes”, sostiene Alberto Echevarría, responsable de la Federación de Empresarios de la Dependencia.
Mientras tanto, Roberto sigue a la espera de una solución definitiva. “Si todo va bien, en 12 meses mi padre tendrá una plaza definitiva en un centro sociosanitario público”, comenta su hija Carla. Hace ya tres años que comenzó los trámites para conseguirla.
Texto de Jaime Prats, con información de María Sosa TroyaPatricia TubellaReyes Rincón y Sonia Vizoso.

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