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viernes, 15 de agosto de 2014

La deuda pública llega al billón de euros; desde 1900 no alcanzaba esta cifra



¿Qué es la deuda ilegítima?
La deuda ilegítima sería aquella deuda contraída por un gobierno, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. Dicha deuda entonces no tendría por qué ser pagada. Legalmente el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.
Técnicamente se consideraría deuda ilegítima aquella deuda emitida por las administraciones públicas cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros.
Sin embargo, también debería incluirse dentro del concepto de deuda ilegítima toda aquella obra pública inútil, muy extendida en nuestro país por los distintos gobiernos de turno, y aquella cuyo coste final supere con creces lo recogido y asumido por las partes en los distintos concursos públicos. Estas últimas podrían considerarse personales, debiendo responder quienes las hayan contraído -bien sea el presidente del Gobierno o de una comunidad autónoma, el alcalde de turno, el gobernador del Banco Central…- y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos.
Auditoría de la deuda
El objetivo sería calcular la parte de la deuda generada no con la finalidad de cubrir déficit público no financieros. El origen de esta conducta es que el Estado pide prestado para luego, a su vez, prestar a terceros y favorecer a intereses privados espurios al margen de la ciudadanía. Se trataría de repudiar todas aquellas deudas contraídas por las administraciones públicas a espaldas a sus ciudadanos, sin su consentimiento y con fines de enriquecimiento personal o de enriquecimiento corporativo. Estas deudas en última instancia conllevan un empeoramiento de los servicios públicos y el sometimiento de la ciudadanía a una represión social y política y, en definitiva, en contra de los intereses de los propios ciudadanos.
Los cálculos realizados en nuestro país para el periodo 2008-2013 se aproximarían a los 250.000 millones. No hubiese hecho falta implementar ningún recorte en sanidad, educación, o jubilación, ni haber sometido a la población española al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años.
Sin embargo, no se preocupen, tal auditoría no se va a hacer. Los distintos lobbies oligopolistas beneficiados de estas prácticas –bancario, eléctrico, telecomunicaciones, constructor…- han actuado en connivencia con el aparato político, y ambos tendrían mucho que perder. Además controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación, salvo muy honrosas excepciones.

Juan Laborda
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La deuda del conjunto de las administraciones públicas hasta junio se elevó por primera vez por encima del billón de euros (1.007.319 millones), alrededor de un 98,4 % del PIB, según los datos actualizados hoy por el Banco de España.
La previsión del Gobierno para este año es que la deuda alcance el 99,5 % del PIB.
Tras elevarse en 10.336 millones desde el mes de mayo, lo que representa un incremento del 1,03%, del total de la deuda de las administraciones en el primer semestre, 729.331 se correspondían a valores a medio y largo plazo, 74.652 millones a valores a corto plazo y 203.336 millones a créditos no comerciales, así como emisión de moneda y caja general de depósitos.
La deuda pública española se ha triplicado desde que comenzó la crisis económica, y ha pasado de suponer un 36,3 % del PIB en 2007 a rozar el 100 % actualmente.
En los últimos datos desagregados por administraciones, correspondientes al primer trimestre de este año, la mayor parte de la deuda correspondía al Estado (un 84,5 % del PIB), seguido por las comunidades autónomas (21,7 % del PIB) y ayuntamientos (4 % del PIB).
El ministro de Economía, Luis de Guindos, achacó hace unos meses la subida de deuda a los déficit públicos acumulados, las medidas específicas como el pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómico, que facilita fondos a las regiones pagar sus deudas, y cuestiones como el programa de asistencia financiera para los bancos españoles.
Según un estudio histórico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública española superó o rozó el 100 % del PIB entre los años 1900 y 1909, tuvo su nivel máximo (149 % del PIB) en 1881, año en que empezó a contabilizarse, y su mínimo en 1975 (7,3 % del PIB).

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