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lunes, 27 de julio de 2015

La ley de seguridad privada amenaza nuestros derechos


Como hemos venido anunciando en otros artículos anteriores, el claro salto cualitativo en la escalada represiva de este gobierno, coincidente como es lógico con una escalada de las movilizaciones sociales y políticas de la oposición en las calles, es uno de los grandes rasgos de este gobierno y sin duda, el frente de lucha más importante en las calles por parte de las fuerzas opositoras al régimen actual. 
 
Desde la toma del poder del PP hace cuatro años, muchas han sido las medidas de este gobierno para aplacar a la movilización social. Toda esta brutal campaña represiva viene acompañada de su propia legislación, evidenciada en la Ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada.
 
Esta alarmante escalada represiva, que va a ser probablemente amplificada en futuras legislaciones relativas al derecho de huelga, es un efecto lógico del más que creciente miedo de las clases dirigentes a perder el control social en unas calles que, como se ha visto especialmente desde el surgimiento del fenómeno 15M, están cada vez más hartas de aguantar y callar ante los desmanes de este gobierno.
 
Para intentar aplacar las crecientes movilizaciones ciudadanas en las calles (mareas, escraches, anti-desahucios, huelgas, movilizaciones vecinales…) que no han dejado de incrementarse desde la subida al poder del PP a finales de 2011, y como respuesta a los recortes sociales y la represión social, el gobierno del PP no puede si no recurrir al único elemento que conoce para controlar la situación: el terror y la fuerza represiva como método ya no de disuasión, si no de coartar las libertades básicas de todos los ciudadanos. 
 
Para ello, no solo se le concede a la policía nacional nuevos ámbitos de represión, como ha quedado manifestado (y analizado) en las leyes de seguridad ciudadana y código penal, si no que ahora, además, se añade un nuevo elemento al saco represivo: los vigilantes de la seguridad privada.
 
Esto viene de lejos, no obstante. Es de sobra conocida la pretensión histórica de los vigilantes de seguridad privada de poder equipararse a una fuerza armada paramilitarizada, y ubicarse al mismo nivel de la policía o la guardia civil. En los metros, negocios o instituciones privadas, desde hace muchos años, muchos vigilantes de seguridad han hecho de su lugar de trabajo su feudo personal, donde aplican sus propias leyes de represión, caracterizadas por una brutalidad represiva desmedida y un afán provocador y criminalizador, propio de personas que preferirían estar en otros cuerpos armados pero que, por motivos diversos, se han tenido que conformar con el que muchas personas de este ámbito consideran el más bajo escalafón del mundo de la seguridad, que suponen los cuerpos de vigilancia privada.
 
Pero no nos engañemos, ya que esto, por  ley, no debería ser así, aunque muchos vigilantes, asociaciones o medios de comunicación que actúan como lobbies de poder de la seguridad privada, lleven tiempo presionando por cambiar el estatus del vigilante privado.

Un ejemplo de ello es la publicación “Seguridad semanal", un magazine surgido hace unos años, dedicado a los temas de seguridad de toda índole que ya, de entrada, incluye entre sus ámbitos de acción al mismo nivel a la policía, guardia civil, ejército y la vigilancia de seguridad privada, como si fuera un elemento militar más sin ninguna distinción.

A esta pretensión de militarizar al oficio de la vigilancia, se une una mentalidad ejemplificada en el editorial de su redactora,  Raquel Nieto, en febrero de 2013 en el cual se lamenta de  “que los vigilantes de seguridad hayamos perdido el carácter de agentes de la autoridad”, que al parecer, en algún  momento han debido de tener, o más bien de desear. 
 
Desear porque, al parecer, los vigilantes de seguridad españoles deben ser los únicos en Europa en ver como normal la militarización de su cuerpo que es completamente ajena en otros países, como veremos.
 
A estas históricas pretensiones, se la han unido la acción de nuestros políticos por dar un carácter represivo a cuantos cuerpos puedan dárselo. La puntilla se pone con la promulgación de la Ley de Seguridad Privada, que no pretende institucionalizar la prestación de servicios de seguridad únicamente a empresas privadas, si no como complemento o prolongación de las fuerzas armadas, por lo que  el monopolio del uso de la fuerza no será ya competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad públicas, sino de las empresas de seguridad privada, que evidencia la culminación de una histórica presión de este gremio profesional.
 
Para ello, dicha ley prevé la prestación de servicios de los vigilantes privados en zonas abiertas (cárceles, CIEs) o privados, bajo mando de las fuerzas represivas del estado y en equiparación a ellos.  Entre sus nuevas áreas de influencia estarán: eventos deportivos, conciertos y otros espectáculos culturales (la vía pública fue inicialmente propuesta, aunque luego, después de arduos debates, fue eliminada como competencia de la ley).

Además de ello, se amplían sus poderes, de forma que, a diferencia de lo que ocurre con los vigilantes en otros países, que se limitan al control de los accesos, aquí, además de ello, ahora también podrán pedir la documentación y cachear a los ciudadanos, aunque no podrán hacer investigaciones con sus datos. También los podrán detener y retener hasta que llegue la Policía, la Guardia Civil o algún otro cuerpo de las fuerzas de seguridad del estado, cosa que no ocurre en otros países como Gran Bretaña, donde el vigilante solo puede hacer esto en presencia de agentes policiales, y nunca sin su supervisión, como veremos más adelante.
 
Como lo califica el Colectivo de Militares "Anemoi", estamos ante un intento, por parte de este gobierno del PP, de instaurar cuerpos paramilitares  al servicio de la oligarquía, y de crearse un ejército privado, que supone un paso más en el “golpe de estado” encubierto que la oligarquía quiere implementar en este país, para tratar de eliminar las pocas libertades civiles y democráticas que aún no han sido arrancadas a la ciudadanía, a través de la intimidación. algo similar a lo que sucede en los EE.UU.
 
Estas prácticas paramilitares de la vigilancia de seguridad privada españolas contrastan con las de otros países de nuestro entorno europeo. Normalmente, los defensores del modelo militarizado de la vigilancia de seguridad, argumentan que esta figura es similar a la que existe en otros países europeos, y que éstas atribuciones entran dentro de lo “normal” dentro del oficio de vigilante en cualquier país.
 
Como evidencia de lo lejano de estas afirmaciones, podemos comparar la figura del vigilante de seguridad que existe en otros países, donde existe un modelo totalmente civil de estos cuerpos. Sin ir más lejos, como sucede en Gran Bretaña.
 
En este país, el modelo de seguridad privada está regulado por la Security Industry Authority (SIA), un organismo público dependiente de la Secretaría de Estado, que opera en el país desde 2003, según los términos del Acta de la Industria de la Seguridad Privada de 2001. 
 
Este organismo, lejos de la regulación ministerial española, no se centra en la represión y el control social, si no que se encarga de dos tareas: la expedición de licencias para los trabajadores de la industria de seguridad privada, y el control profesional de la actividad de los vigilantes privados.
 
Entre los roles de los vigilantes de seguridad privada, (a los cuales se accede tras pasar un curso teórico de formación de seguridad privada que no dura en los escalafones más básicos más de una semana, y obtener la licencia SIA que te habilita para el ejercicio profesional en seguridad), están la vigilancia de profesionales dedicados al transporte de efectivo y objetos de valor, supervisión de accesos, cámaras de video-vigilancia CCTV, guardia de seguridad privada, y guardia de llaves, un campo muy limitado en referencia a las enormes atribuciones represivas que se establecen en la seguridad española. 
 
Como evidencia de lo limitado del ejercicio profesional de la seguridad privada británica, incluso estos campos profesionales han llegado a ser restringidos, como ocurrió el 1 de octubre de 2012, cuando el Acta de Protección de Libertades de 2012 limitó a los vigilantes sus atribuciones de inmovilizar vehículos de particulares sin una autorización y presencia policial estricta, por violar las libertades básicas de los ciudadanos.
 
Incluso algunas de estas atribuciones, como la retención de personas, deben hacerse bajo un estricto control y vigilancia de las autoridades policiales, que son quienes las realizan directamente.
 
En la propia legislación nacional que regula dicha actividad profesional en el país, la ya mencionada Private Security Industry Act 2001, de 6 partes que contiene la ley, 4 de ellos están focalizadas a la regulación de las licencias para el ejercicio de la actividad profesional, y sólo dos de ellas ponen su foco en la descripción de la actividad profesional del vigilante, y en todas ellas, ponen el acento especialmente en las atribuciones de control de accesos e identificación de personas como las principales atribuciones del vigilante de seguridad privada británico. Ni una sola mención a cacheos, registros, patrullas callejeras o detenciones parapoliciales, como si ocurre, o se pretende en España. 
 
La propia licencia para ejercer la actividad profesional dista un mundo entre ambos países, y evidencia el carácter que, en ambos casos, se le ha querido dar a este sector profesional.
 
En el caso de Gran Bretaña, como ya hemos indicado, para ejercer como vigilante, se necesita pasar un curso de seguridad privada, el cual en su versión más simple no dista más de una semana, que se imparte en academias privadas homologadas por la S.I.A.  que, al finalizar se limita a un examen tipo test fácilmente superable. Tras ello, se hace una solicitud para obtener el carnet oficial de S.I.A. a la agencia estatal encargada de ello, y ya está. 
 
En España, para ejercer en el gremio tienes que acceder al carnet T.I.P. (Tarjeta de Identificación Profesional) el equivalente al S.I.A. británico, al cual se accede después de un curso formativo (de, al menos 1 o 2 meses) en el que, además de las capacitaciones teóricas sobre el oficio, se requiere de un entrenamiento físico (carreras, saltos, flexiones, lanzamiento de balón…) y en el que se incluyen prácticas de tiro con arma de fuego. Tras superar el curso impartido en un centro de formación autorizado y homologado, se debe acudir a la comisaría de policía para solicitar los documentos (algo inédito en Gran Bretaña, donde las autoridades policiales no tienen absolutamente nada que ver con el ejercicio de la seguridad privada) pertinentes. 
 
En todo el proceso, como vemos, la preparación paramilitar y el tutelaje policial (ahora, con la nueva ley, mucho más) está presente de inicio a fin y se trata, institucionalmente, de mentalizar al futuro vigilante de su equiparación con un agente de la autoridad más.
 
Para aclarar esto, hemos consultado estas diferencias con un profesional de la vigilancia privada en Londres, Cyril H. en posesión de varias licencias S.I.A. y con años de experiencia en el gremio de la seguridad privada. 
 
En todo momento, este vigilante se mostraba sorprendido del papel militarizado de la seguridad privada española, especialmente en el aspecto de la formación física de los aspirantes lo cual,  afirma, "no es necesario aquí, ya que cualquier persona puede ejercer como vigilante, debido a que nuestras atribuciones se centran en el control e identificación de personas dentro de las instituciones públicas o privadas en las que trabajamos, mientras que la represión o detención es atribución única de la policía metropolitana londinense".
 
Afirma este vigilante, que jamás ha tenido que utilizar la fuerza física, y que, en caso de necesidad, es norma llamar a las fuerzas policiales para que estén presentes en caso de alteración del orden en su lugar de trabajo. Además, afirma que su trabajo “termina donde está la puerta de salida de este edificio” (en referencia a su lugar de trabajo) y que más allá, la seguridad es tarea exclusiva de la Metropolitan Police of London.
 
Extrañados ante tan abismales diferencias de atribuciones en un mismo gremio profesional dentro de la propia UE, pasamos a elucubrar que, quizá, las diferencias se deban a los índices de criminalidad que deben ser mayores en nuestro país que en el corazón del viejo imperio británico. Pero ni por esas.
 
En una ciudad cosmopolita como Londres, con más de 8 millones de habitantes de todo el mundo (5 millones más que en Madrid), las tasas de criminalidad, aunque no son alarmantes, son desproporcionadamente diferentes que en la capital española, aún cuando en ambos casos ha decrecido en los últimos años. Para el año 2012, por ejemplo, Madrid contaba con una tasa de criminalidad de 1,14 puntos frente a los casi 2 puntos de Londres. 
 
Además, el Ministerio del Interior reconocía que en todo el  2009, en toda España se registraron 412 crímenes. Solamente en uno de los distritos de Londres, el céntrico distrito de Westminster, y en un solo mes (diciembre de 2013) se registraron 4529 crímenes, y eso tratándose del barrio con mayor tasa de criminalidad de Londres. Pero es que, incluso en los barrios más seguros y lujosos de toda la ciudad, como el barrio de Chelsea, en esos mismos datos se registraron 1398 crímenes, es decir, 986 crímenes más en un solo mes de lo que ha pasado en todo un año en todo el estado español.
 
Por lo tanto, si la criminalidad o inseguridad ciudadana no es el motivo, si la similitud de otros sistemas de seguridad europeos tampoco es el motivo…¿cual es la razón de este alarmante incremento de las atribuciones represivas de todos los cuerpos armados (policía, guardia civil, ejercito…) y del incremento de la militarización de cuerpos civiles, como la vigilancia de seguridad privada en España? 
 
Pues, obviamente, como ya indicábamos en nuestro análisis de la situación política actual en nuestro país, y como también indicaba en su artículo acerca de la Ley de Seguridad Privada el Colectivo Anemoi, el objetivo es claro: a mayor contestación y movilización ciudadana, mayor represión institucional del gobierno a través de todos los organismos civiles o militares que tenga a su alcance y que en los próximos meses y años, no dudemos van a ser reiteradamente utilizados de forma sistemática por este gobierno a la hora de afrontar los diversos conflictos sociales y laborales que se van a abrir en masa en nuestro país. 
  
La vigilancia de seguridad no debe ser utilizada por este gobierno para incrementar la represión de manifestaciones o del descontento social, ni para atemorizar ni intimidar a los ciudadanos, si no para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos

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