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sábado, 12 de diciembre de 2015

La ONU reprende al Gobierno español por su inacción en caso de torturas y crímenes franquistas



Este viernes ha estado en Bilbao el presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, invitado por el ararteko, ha pronunciado una conferencia sobre las reclamaciones contra España. Fabián Salvioli ha destacado, entre otras cosas, su preocupación por la falta de avances en la recuperación de la memoria histórica y la poca investigación que se produce en los casos de torturas.
Tras explicar la función de el comité que preside, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Fabián Salvioli se ha centrado en enumerar las reclamaciones recibidas contra el estado español que ya han sido resueltas.
España fue examinada por el comité el pasado mes de julio y le señaló varias reclamaciones. Salvioli ha detallado que el 80% de estas reclamaciones hacen referencia a la ausencia de doble instancia efectiva en materia penal, una situación que el Estado "ya está intentando remediar".
El Presidente del Comité también ha señalado en su conferencia la fata de investigación de los casos de tortura en nuestro país que provoca que haya muy pocas condenas y, entre ellas, varios indultos, lo que facilita la aparición de nuevos casos en el futuro.
En este sentido, Fabián Salvioli ha subrayado el caso de María Atxabal,  relacionada con ETA y que, incluso con un informe médico del estado que demostraba tortura psicológica, no ha conseguido las reparaciones que exigía al estado y que le ha reclamado también este comité de la ONU.
El abogado argentino ha destacado también la falta de avances en la recuperación de la memoria histórica en España, una situación que, en su opinión, se traduce en "un trato inhumano y degradante continuo" para las víctimas.
 Salvioli ha señalado también que la Ley contra la violencia doméstica de España no está mal, pero no cuenta con los recursos suficientes y llamado la atención sobre la recepción de refugiados por España porque "algunas disposiciones normativas permiten devolver a los personas a sus países de origen prácticamente sin ser sometidas a un proceso adecuado".

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